Dellanatura, empresa fundada en 2003 y dedicada a la producción de alimentos saludables, solicitó a la justicia la apertura de un procedimiento de liquidación voluntaria. 

La compañía llegó a tener casi una docena de locales en centros comerciales. Según explicaron en su solicitud, en sus 20 años de historia, Dellanatura tuvo una trayectoria comercial ascendente y equilibrada, con variaciones estacionales naturales por temporadas de alta y baja demanda de sus productos, dando siempre cumplimiento íntegro y oportuno a sus compromisos comerciales, laborales y fiscales.

Los problemas de la compañía comenzaron con la crisis social de 2019 y la pandemia del Covid-19, que provocaron el cierre de tiendas, lo que redujo la demanda de productos, lo que sumado a los altos costos derivados de la gran cantidad de locales y personal que tiene la empresa, afectó sus resultados financieros.

Además, la empresa también experimentó interrupciones en la cadena de suministro debido a los cierres de fábricas y las diversas restricciones impuestas por la autoridad.

A consecuencia de una merma de la demanda de sus productos, como resultado de la falta de stock y dificultades crecientes de liquidez, la compañía ha continuado deteriorándose, viéndose una baja considerable, vertiginosa, sostenida y creciente de las ventas.

Los principales acreedores de la empresa son Inversiones Kraaf SpA y los bancos Santander e Itaú.

Actualmente Dellanatura tiene pagos pendientes con sus proveedores por $143 millones, además de obligaciones con bancos por $476 millones, factoring por $49 millones, y deudas con terceros no bancarios que le han efectuado préstamos para sostener su operación por $538 millones.

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