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Upgrade Chile: empresa de servicios tecnológicos pide su reorganización

Upgrade Chile ofrece servicios tecnológicos y gran parte de sus clientes son organismos públicos: tiene contratos de arriendo y soporte de más de 40 mil equipos con los ministerios del Interior, Justicia y Salud, además de la Contraloría y el SII, entre varios otros.

Hoy, la empresa tecnológica comenzó un proceso de reorganización judicial para llegar a un acuerdo con sus acreedores y evitar su quiebra por pasivos que rondan los $ 20 mil millones, según informó el Diario Financiero.

 

¿Qué pasó?

En su presentación a la justicia señalaron que “No logramos ser ajenos a los efectos del llamado estallido social, durante el cual sufrimos el robo de cientos de computadores en diversas regiones y a los efectos de la pandemia mundial que hasta hoy existen”.

Por otro lado, al encontrarse todo paralizado por la pandemia del COVID-19, no pudieron facturar y, por ende, recibir los ingresos presupuestados, lo que trajo consigo un inmediato déficit de caja. Toda vez que, mantenían sus obligaciones de pago a sus operadores financieros de cuotas de contratos de leasing mediante los cuales adquieren sus impresoras, computadores y software.

Además, el cierre de oficinas con la insaturación de la modalidad teletrabajo produjo que las licitaciones adjudicadas a nivel nacional se paralizaran por casi un año, no pudiendo entregar y recuperar sus equipos en los plazos acordados.

 

Reorganización

“Hoy nos vemos en la obligación moral, jurídica y comercial de pedirle a nuestros acreedores un plan de refinanciamiento integral que permita cumplir con nuestros compromisos económicos, tal cual lo hemos venido haciendo estos 35 años que llevamos presentes en el mercado”, indicó Upgrade Chile por medio de su abogado. 

Añadiendo que, “lo único que podría salvarnos de un eventual procedimiento de liquidación concursal sería uno de reorganización judicial, tendiente a mantener viva la empresa, conservar el empleo de cientos de colaboradores y asegurar la mantención de la operatividad de gran parte de las instituciones públicas de nuestro país”.

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