Olivar Export y Superfruta, ambas empresas del sector agrícola de la Región de O’Higgins, solicitaron a la justicia su reorganización judicial para intentar ordenar sus finanzas y evitar la quiebra. Sus pasivos superan los $14.561 millones. 

Olivar Export

Olivar Export se dedica a la exportación de frutas como nectarinas, cerezas, duraznos, ciruelas dagen, entre otras. La principal razón que llevó a una reorganización fueron las consecuencias económicas de la pandemia, específicamente la poca movilidad que podía tener el personal y el aumento del precio de las mercaderías transitadas por el mar.

Si bien en 2022 vieron un repunte con un Ebitda de UD$4,8 millones, en 2023 la actividad económica volvió a decaer al no alcanzar las metas proyectadas en cerezas, sumado al mal desempeño de la ciruela dagen fresca en el mercado asiático. Escenario que generó graves problemas de flujo.

No obstante en Olivar Export estiman que la crisis es transitoria y superable siempre que se acceda a la reorganización para tener tiempo y tranquilidad para sortear los diferentes obstáculos económicos. 

“De hecho, durante la presente temporada de cosecha la planta principal de la firma ya se encuentra preparada y cubierta legalmente para aprovechar el peak de procesamiento de cerezas, nectarines y ciruelas dagen, entre diciembre y marzo”, señaló la sociedad.

Entre sus principales acreedores está Banco de Crédito e Inversiones, Pomina Enterprise Co. (China) y Fresh Go Limited (China), sumando $7.790 pasivos.

Superfruta

Superfruta se dedica al procesamiento de frutas provenientes de diferentes exportadores nacionales, es decir, packing. Uno de sus principales clientes es Olivar Export.

En su solicitud a la justicia explicaron que, si bien el trabajo operativo no ha tenido dificultades, su mayor cliente disminuyó sus requerimientos, generando una baja sostenida en los ingresos que, en definitiva, arrastró a la incapacidad transitoria de cumplir con sus obligaciones monetarias. 

La empresa tomó una serie de medidas para afrontar esta situación como reducir costos de producción, rebajas en la adquisición de determinados bienes y ahorro energético, pero a pesar de los intentos “se ha llegado a un punto en que se hizo imprescindible el respaldo de los acreedores”. 

Sus principales acreedores son Banco Consorcio, la Tesorería General de la Republica y Banco de Chile, sumando $6.770 millones de pasivos.

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