ECONOMÍA. Estudio da cuenta de dificultades para acceder a opción.
En la antesala de la presentación de un proyecto que busca modificar la Ley de insolvencia y Reemprendimiento, Reset Chile realizó un estudio en cuanto a la efectividad de la actual legislación en la reorganización de las empresas.
En el caso de la Región de Valparaíso, desde 2014 -año en que comenzó a regir la nueva ley- a la fecha, sólo l3 entidades se han acogido a esta opción, lo que corresponde al 6% a nivel país. «El problema es que la liquidación de empresas(quiebra) terminó siendo la prioridad con el eslogan de no pagar nada y eso es muy atractivo, pero el problema es que en ese caso se termina la compañía», comentó la consultora legal de Reset Chile, Nicole Tapia.
«Al final el costo de la reorganización es menor porque al mantener la continuidad de la empresa, se mantienen los empleos, permanece la marca, (…)y lo que faltaba no era falta de liquidez, sino que orden financiero. Además conlleva una serie de beneficios», agregó.
La profesional agrega que se espera que el proyecto conlleve más facilidades a las pymes para acceder a este proceso de reorganización donde una de las grandes trabas es el costo. «Hay algunos temas que no están cien por ciento resueltos que tienen que ver con los costos asociados. (…) Si ellos fueran menores, por ejemplo en Valparaíso, habría muchas más reorganizaciones que ese 6% histórico que muestran las cifras», remarcó.
Uno de los gremios que impulsa estos cambios en la región es Unapyme, que advierte la necesidad de apoyar a las pymes para que accedan con facilidad a este proceso. «La ley ha sido absolutamente insuficiente y eso ha quedado demostrado en la región con quiebras de locales emblemáticos, mientas eso no se modifique y no exista una opción de una asistencia al alcance de ellas seguirá pasando», dijo la presidenta regional, Gianina Figueroa.
«Asesorías deben ser gratuitas»
* A juicio de la presidenta de Unapyme, uno de los grandes temas para el sector son los costos y, en ese sentido, planteó que debería constituirse un mecanismo que les permitiera acceder de manera expedita a esta posibilidad. «Con los pocos recursos que tienen las pymes nos parece que las asesorías deberían ser gratuitas por parte del Estado para ayudar a las empresas de menor tamaño a reorganizarse», dijo.