El pasado lunes 16 de enero, y luego de aprobarse por unanimidad en la Cámara de Diputados, fue despachado a Ley en su tercer trámite constitucional el proyecto que moderniza los procedimientos concursales.
El proyecto fue ingresado a mediados de 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera. El propósito era simplificar los procedimientos y facilitar los requisitos para que antes de quebrar, tanto empresas como personas, puedan acceder a un proceso de reorganización.
¿Qué dispone la nueva ley?
La iniciativa mantiene la aplicación del procedimiento de reorganización de empresas actual a las medianas y grandes empresas. Pero instaura la creación de procedimientos simplificados especiales para personas y micro y pequeñas empresas, de rápida tramitación y bajos costos.
Esto debido a que, hasta el día de hoy, solo un 14% del total de procedimientos han sido de micro y pequeñas empresas (MYPES), principalmente a causa de los altos costos de los procedimientos de reorganización.
En este sentido, se crean dos nuevos procedimientos simplificados:
- Reorganización simplificada para MYPES
- Liquidación simplificada para MYPES y personas.
El proyecto también establece medidas para promover que empresas que son viables prefieran la reorganización por sobre la liquidación, continúen sus giros y así puedan incrementar la tasa de recuperación de créditos, preservar empleos y evitar el corte de cadenas de suministro.
Se introdujeron modificaciones para perfeccionar normas que regulan el período de protección financiera, entregadas al deudor que se somete al procedimiento concursal de reorganización, como el aumento de 30 a 60 días y permitiendo la prórroga por 60 días más, según informó La Tercera.
Además, la nueva ley introduce mejoras que simplifican aspectos burocráticos de los procedimientos existentes, como la reducción de trámites redundantes, además de facilitar el uso de la tecnología.
Finalmente la ley dispone que, una vez finalizados los procedimientos concursales, la superintendencia y los responsables de los registros deberán proceder a la eliminación de los datos del deudor.
Sobre esto, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de esta ley para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que: “Va a permitir procedimientos de forma menos engorrosa y a un menor costo, lo que es muy relevante, especialmente en la coyuntura en la que nos encontramos. De esta forma se podrán, en muchos casos, proteger negocios que son viables en términos económicos”.
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