Desde el año 2014 se encuentra vigente en nuestro país la Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas, antiguamente conocida como “Ley de quiebras” en relación con el anterior procedimiento existente y que es reemplazado por este cambiando los términos “quiebra” por “liquidación”.
¿Qué permite la ley 20.720?
La ley 20.720 – antiguamente conocida como Ley de quiebra- permite a las empresas que se encuentran en una situación financiera compleja, puedan estabilizar la compañía y mantener sus operaciones de forma sostenible, a través de esta herramienta legal.
¿Quiénes pueden someterse a este procedimiento?
- Pequeñas, medianas y grandes empresas
- Personas jurídicas sin fines de lucro
- Personas naturales
Respecto a las empresas, ¿Qué establece la normativa?
Existen 2 herramientas dentro de la ley 20.720:
- La primera es la Reorganización de la Empresa deudora, que permite mantener la continuidad de las compañías que tienen posibilidades de mantenerse en el tiempo.
- La segunda es la Liquidación de la Empresa deudora, respecto de aquellas compañias que no pueden salvarse.
¿Cuánto duran los procedimientos?
- En el caso de las Reorganizaciones el promedio de tramitación es de 4 a 6 meses.
- En cuanto a las liquidaciones el promedio de tramitación es de 12 a 24 meses.
¿Ante qué tribunales se presenta la solicitud de los procedimientos?
En ambos casos, tanto Reorganización y Liquidación de la Empresa deudora, los procedimientos son de competencia de los Juzgados de letras civiles (o de competencia común) correspondientes al domicilio del deudor.
¿Cuál es la importancia de esta nueva ley 20.720 –antigua ley de quiebra?
- El nuevo procedimiento es mucho más expedito, quitando además el estigma de “empresa en quiebra”, que antiguamente sepultaba socialmente a las empresas que se sometian al procedimiento.
- Incluye nuevas herramientas como la Reorganización de la empresa deudora que busca la continuidad de la compañía.
Como Reset Chile entendemos que los procedimientos de reorganización se llevan acabo mediante una plataforma legal. Sin embargo, la aprobación y negociación con los acreedores depende del sustento real que tenga el nuevo plan de negocio presentado, el que debe estar fuertemente orientado para acreditar la continuidad de las operaciones de la empresa, desde un punto de vista estratégico y financiero.