Claudio Cordero, empresario inmobiliario, recurrió a la justicia en Chile a fines de enero para solicitar la liquidación de su constructora Ambienta, que acumulaba deudas por más de $10 mil millones.

“Producto del estallido social y luego la pandemia del Covid, la firma detuvo proyectos entre seis y ocho meses. Esto sumado a importantes alzas en los costos de mano de obra y de los materiales de construcción, teniendo -además- contratos de construcción a suma alzada con las inmobiliarias la llevaron a una situación financiera insostenible y he debido pedir su liquidación”, le comentó el empresario al Diario Financiero.

En su presentación a la justicia, los abogados comentaron que la compañía inició sus operaciones en el año 2017 y expandió sus negocios en el sector residencial con primera y segunda vivienda. Para eso se asoció con seis sociedades entre las cuales participan los empresarios Paul Fontaine, la familia García, Paola Bruzzone, Fabio Traverso, entre otros.

Claudio Cordero afirmó en el Diario Financiero que: “Los inversionistas y socios han comprendido la situación y han hecho sus mejores esfuerzos para enfrentar este duro escenario. He cedido mi participación en las inmobiliarias a los restantes accionistas y ellos están inyectando recursos frescos y organizándose de manera responsable para terminar los proyectos”.

Durante la vigencia de las cuarentenas en los diferentes sectores del país donde la constructora se encontraba desarrollando proyectos, la actividad decayó y los plazos comprometidos con los mandantes no se pudieron cumplir. Los proyectos más afectados con los atrasos fueron Parque Mackenna, con más de nueve meses de atraso, y Huérfanos con más de un año.

A lo anterior, señaló la defensa del empresario, se sumó la falta de stock, el impacto en los precios de los insumos y el alza del costo de la mano de obra. Para el primer proyecto, significaron un sobrecosto por más de 70 mil UF y para el segundo más de 80 mil UF, dice la solicitud de liquidación.

Además, Cordero junto a sus abogados, apuntaron a una lentitud de las municipalidades de Macul y Santiago para tramitar modificaciones de planos y los certificados de recepción final. “Por otra parte, también afectaron severamente a la constructora el aumento de la tasa de interés financiera y el IPC, especialmente para los créditos, y servicios o subcontratos pactados en UF, variables que la empresa no administra y no conocía al momento de suscribir contratos a suma alzada con sus mandantes”, señala la petición de quiebra.