La firma de cobranza Back Office S.A. (BOSA), inició un proceso de liquidación voluntaria el pasado mes de julio. La empresa era administrada por Asesorías e Inversiones T.R.T. Limitada y llegó a facturar más de $200 millones mensuales previo a 2019, según lo publicado por el Diario Financiero.

Desde la empresa argumentaron la influencia de que se promulgara en abril del 2021, la Ley 21.230, que modificó la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores en materia de cobranza extrajudicial y otros derechos.

¿Cuál fue el problema para Back Office?

La ley restringe la posibilidad de contactar a deudores por lo que la empresa denuncia que redujo su operación. Eso, en conjunto con la crisis por la pandemia, significó que las gestiones quedaron reducidas a dos llamadas al mes y dos gestiones digitales con dos días de separación.

Como consecuencia, Bosa perdió a uno de sus principales clientes, Banco de Chile, que representaba el 25% de la facturación mensual. Esto significó el cese de funciones e indemnizaciones a colaboradores de esa cartera, lo que aumentó de forma considerable los pasivos de la empresa.

La facturación de la compañía siguió disminuyendo hasta alcanzar volúmenes de $40 millones mensuales.

Jorge Id, socio y único administrador de Bosa, incurrió en préstamos directos a la sociedad para mantener la operación, pero en mayo de este mes falleció, dejando la estructura organizacional sin líder. Luego de esto, la compañía decidió cesar sus funciones el mismo mes. 

El deterioro sistemático de la posición financiera y operacional de Bosa a partir de mayo de 2022, significó que la empresa no pudiera dar cumplimiento a sus obligaciones con acreedores.